Un nuevo informe en profundidad, publicado por el Philadelphia Inquirer y ProPublica, detalla las desgarradoras historias de dos docenas de casos en los que la policía estatal y local actuó como canal directo en los procedimientos de deportación de muchos inmigrantes indocumentados sin condenas penales.
Desde la ofensiva de Trump contra la inmigración, muchos estados y condados han limitado la forma en que la policía puede interrogar a los inmigrantes sobre su situación legal o detenerlos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin una orden judicial. A la inversa, decenas de cuerpos de seguridad de 17 estados han creado asociaciones con el ICE para formar a los agentes en la aplicación de las leyes de inmigración.
Pensilvania no está en ninguno de los dos grupos.
En lugar de un acuerdo con el ICE o una renuncia concreta a la aplicación de la ley de inmigración, el Estado se encuentra en un territorio neutral que se ha convertido en precario para muchos inmigrantes que se encuentran con las fuerzas del orden. ¿Los dejarán marchar? ¿O se encargarán ellos mismos de actuar como miembros no oficiales del ICE?
Resulta que muchos agentes optan por esta última vía y detienen a inmigrantes indocumentados, la mayoría de las veces durante controles de tráfico en carretera en los que rara vez se emiten citaciones.
En Lemoyne, condado de Cumberland, un agente de la policía regional de West Shore paró a un conductor por exceso de velocidad, pero llamó al ICE cuando descubrió que no tenía carné. Aunque el conductor no tenía antecedentes penales, fue detenido, metido en el coche de policía y conducido a un aparcamiento de McDonald’s, para ser entregado a un agente federal. En el municipio de North Versailles, los agentes de policía llamaron al ICE en relación con un inmigrante indocumentado, Wilfrido Pérez, que se había visto implicado en un accidente de tráfico. Aunque Pérez estaba en proceso de legalizar su situación, él y cuatro compañeros obreros de la construcción fueron detenidos.
Mientras que los agentes de policía de Filadelfia están formados para evitar preguntar a la gente sobre su estatus migratorio, la Policía Estatal de Pensilvania (PSPD) tiene cero directrices cuando se trata de encuentros con inmigrantes indocumentados. Según un portavoz de la PSPD, cada parada de tráfico se considera única, por lo que es responsabilidad de sus agentes «estar alerta ante la presencia de traficantes de drogas, armas y personas» y recabar la información que consideren necesaria.
Sin embargo, esta aplicación podría hacer a la policía vulnerable a daños civiles en los tribunales.
«Debe tenerse en cuenta que, dado que las fuerzas del orden de Pensilvania no están autorizadas a aplicar de forma independiente la ley federal de inmigración, no pueden ampliar el período de una parada de investigación para investigar el estatus de inmigración sin arriesgarse a una violación constitucional», escribió Stephen A. Zappala Jr, fiscal del distrito del condado de Allegheny.
En el informe, The Inquirer detalla las acciones de Luke C. Macke, un policía estatal que entregó al menos a 19 inmigrantes indocumentados a agentes federales de deportación el año pasado. Los datos muestran que Macke escribió una cantidad creciente de multas de 2015 a 2017, y que muchas de ellas fueron a parar a hispanos: 6,3% en 2015, 9,5% en 2016 y 14,5% en 2017. Y ello a pesar de que el condado de Cumberland, el corazón de su zona de patrulla, sólo tiene un 3,7% de hispanos; Pensilvania tiene un 7%.
Rover Estrada, uno de los muchos a los que paró Macke, lo llama «caza de ilegales».
El verano pasado, Macke detuvo a dos hombres tras sorprenderlos durante su descanso para fumar. Aunque no habían hecho nada que justificara la detención, Macke se acercó a los hombres y les preguntó si eran ilegales. Tras admitir que lo eran, los hombres fueron esposados y trasladados a la comisaría local. Amigos de los dos hombres -Melonie Wright y su marido indocumentado Yancarlos Mendoza- acudieron al cuartel de la policía estatal para averiguar más.
Mientras Yancarlos compraba un refresco en la máquina expendedora, un agente de policía le pidió que vaciara sus bolsillos, simplemente porque hablaba español. Cuando el agente se dio cuenta de que Yancarlos era indocumentado, lo llevó a la misma celda que a los dos hombres detenidos anteriormente.
Yancarlos pasó seis meses en la cárcel.
Su abogado argumentó que se enfrentaría a persecución relacionada con las bandas si se le devolvía a El Salvador. El juez de inmigración estuvo de acuerdo y le concedió la «retención de expulsión, una forma de protección frente a la deportación».
A pesar de la «victoria» de Yancarlos, muchos inmigrantes indocumentados de México, El Salvador, Honduras y otros países permanecen recluidos en centros de detención de todo el país. Y a pesar de no tener condenas previas, se verán obligados a esperar para saber si se les permite permanecer en Estados Unidos o se les obliga a regresar a su país de origen: lejos de su familia, su trabajo y la vida que han construido aquí.
Si usted o alguien que usted conoce ha sido detenido, y ahora posiblemente se enfrenta a la deportación, por favor póngase en contacto con nuestro abogado de inmigración de York en la oficina legal de Rosina C. Stambaugh hoy. Podemos hacer que su voz se oiga.
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